Cuando el camino se interrumpe

Senderos podotáctiles en la zona 12 capitalina: inclusión instalada, mantenimiento pendiente

La guía estaba ahí, marcada en el suelo. Las líneas en relieve avanzaban rectas sobre la acera, del otro lado de la Casa Municipal de la zona 12 capitalina. Rosario decidió seguirlas por conciencia: sabe que ese camino no es decoración, sino orientación para personas con discapacidad visual.

El trayecto parecía continuo hasta que dejó de serlo.

Un registro sin tapadera, ubicado justo sobre el sendero podotáctil, interrumpió el recorrido. La caída no fue grave, pero sí reveladora. A lo largo del tramo podían observarse otros agujeros y desniveles colocados directamente sobre la guía táctil.

Lo que debía conducir con seguridad terminó exponiendo un riesgo.

Ese punto de la zona 12 no es un caso aislado. En distintos sectores cercanos al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), los senderos podotáctiles presentan interrupciones, obstrucciones o falta de continuidad.

La inclusión, en ocasiones, se instala; pero no siempre se mantiene.

¿Qué es un sendero podotáctil y por qué es importante?

Los senderos podotáctiles son superficies con relieve diseñadas para orientar a personas con discapacidad visual en el espacio público. Existen dos tipos principales:

• Direccional: líneas longitudinales que indican la trayectoria segura.

• De alerta: botones en relieve que advierten cambios de nivel, cruces o peligros.

Su instalación responde al principio de diseño universal, establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. Este instrumento señala que los Estados deben garantizar accesibilidad al entorno físico para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad.

No son ornamento urbano. Son herramienta de autonomía.

Zona 12: accesibilidad fragmentada

La zona 12 capitalina concentra áreas residenciales, comercio y uno de los centros educativos más grandes del país: la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- . El flujo peatonal es constante y diverso.

Durante un recorrido realizado para este reportaje se identificaron:

• Registros sin tapadera ubicados directamente sobre el relieve táctil.

• Tramos de guía que desaparecen sin conexión hacia cruces o edificios.

• Obstáculos colocados sobre la señalización.

• Desniveles que rompen la continuidad del recorrido.

Dentro del campus universitario existen senderos podotáctiles; sin embargo, no conectan todos los edificios ni garantizan trayectos completos.

Gabriel Escobar, docente de la Escuela de Ciencia Política de la USAC y persona con

discapacidad visual, señala:

“Cuando el sendero está obstruido o mal instalado, deja de orientar. En lugar de brindar seguridad, genera incertidumbre.”

Escobar enfatiza que la accesibilidad no depende únicamente de colocar infraestructura, sino de asegurar mantenimiento constante y respeto ciudadano.

Qué dice la normativa

En Guatemala, la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 135-96) establece que el Estado debe promover condiciones que garanticen accesibilidad en espacios públicos.

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) elaboró el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad Universal, donde se especifica que los elementos accesibles deben cumplir criterios de continuidad, seguridad y ausencia de obstáculos.

Por su parte, el Código Municipal (Decreto 12-2002) señala que las municipalidades tienen competencia en la planificación, construcción y mantenimiento de vías públicas y aceras.

Además, la Municipalidad de Guatemala ha promovido públicamente proyectos de mejora de espacios peatonales accesibles que incluyen la instalación de guías podotáctiles como parte del diseño urbano inclusivo.

El problema no es la inexistencia de normativa. Es la brecha entre el papel y la acera.

¿De quién es la responsabilidad?

Cuando un registro aparece sin tapadera sobre una acera pública, la responsabilidad puede involucrar distintas entidades.

Las municipalidades administran las vías y banquetas, mientras que empresas de servicios públicos, como la Empresa Municipal de Agua (Empagua) o compañías distribuidoras de energía, intervienen en la infraestructura subterránea para instalar o reparar medidores y conexiones.

El problema surge cuando no queda claro quién debe asegurar que un registro quede debidamente cerrado y señalizado tras una intervención.

La falta de coordinación institucional puede traducirse en riesgos físicos para los peatones.

Y cuando el agujero está ubicado justo sobre una guía podotáctil, el riesgo es mayor para quien depende completamente de esa señalización.

Impacto comunitario

Aunque los senderos están diseñados principalmente para personas con discapacidad visual, su deterioro afecta a cualquier ciudadano.

En una zona con alto tránsito estudiantil y comercial, un desnivel o registro abierto puede provocar accidentes. Para una persona que utiliza bastón y depende del relieve táctil, la situación implica pérdida de orientación y posibilidad de lesiones.

La accesibilidad incompleta no solo limita movilidad; puede restringir autonomía.

El problema no es únicamente técnico.

Es comunitario.

Cuando la infraestructura no cumple su función, se debilita la confianza en el espacio público.

Entre la instalación y el mantenimiento

La colocación de senderos podotáctiles representa un avance en materia de inclusión urbana. Sin embargo, la accesibilidad no termina con la instalación.

Requiere:

• Supervisión periódica.

• Coordinación entre instituciones.

• Reparación inmediata de registros abiertos o dañados.

• Educación ciudadana sobre el respeto a la señalización.

  
  

Un sendero que termina en un agujero contradice el principio que lo justifica.

El derecho debe sostenerse en el suelo

La caída ocurrida en la zona 12 no es un caso aislado ni una anécdota doméstica. Es una señal de alerta sobre la distancia entre la normativa y la práctica.

Guatemala ha firmado compromisos internacionales en materia de inclusión. Existen leyes nacionales, manuales técnicos y proyectos municipales que promueven el diseño universal.

Pero la inclusión no se mide en documentos, sino en trayectos seguros.

Un relieve en el suelo no basta si no garantiza continuidad.

El derecho a la accesibilidad no puede depender de la suerte del paso siguiente.