El nuevo ciclo del metal: Chimaltenango abre espacio para la salud
- Ixchel Escobedo
- 11 nov
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 14 nov
Por primera vez en la historia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), las bodegas de Chimaltenango fueron liberadas de toneladas de material inservible. Equipos médicos obsoletos y muebles corroídos por el tiempo dejaron espacio a un nuevo comienzo: áreas que ahora pueden destinarse a resguardar medicamentos, recibir pacientes o mejorar la atención al personal de salud. El proceso, enmarcado en el Decreto 19-2024, no solo representa una reestructuración administrativa, sino una oportunidad para repensar el destino final de los residuos estatales.
Una limpieza histórica dentro del sistema público
Durante décadas, los hospitales, centros y direcciones de área del Ministerio de Salud acumularon bienes en desuso: desde escritorios dañados y sillas rotas hasta computadoras antiguas y ambulancias inservibles. Muchos de esos objetos permanecieron almacenados por años, sin posibilidad de ser dados de baja debido a la ausencia de una norma que regulara su disposición.
El Decreto 19-2024, aprobado por el Congreso de la República y conocido como Ley para la Disposición de Bienes Muebles Inservibles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, marcó un antes y un después. Su reglamento, contenido en el Acuerdo Gubernativo 86-2025, permitió por primera vez establecer procedimientos claros para clasificar, verificar y destruir materiales que ya no tenían valor operativo.
“El año pasado se venía trabajando una propuesta de ley en el Congreso de la República específica para el Ministerio de Salud”, explicó el doctor Carlos Lix, director de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Chimaltenango. “No se podía desaparecer ningún bien porque todo está en inventarios, en libros y en el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (SICOIN). Con la nueva ley y su reglamento, por fin se pudo iniciar el proceso con base legal”.
El proceso en Chimaltenango: entre el metal y el polvo
Entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, la Direccion departamental de Chimaltenango realizó el proceso de baja y destrucción de bienes inservibles de consistencia no ferrosa, en cumplimiento del Decreto 19-2024. Según los informes oficiales, 22 expedientes fueron aprobados y ejecutados, abarcando 11 de los 17 distritos de salud del departamento.
Alba Marroquín Rojas, encargada de la sección patrimonial, fue una de las responsables directas de la organización. “Lo más complicado fue la clasificación, ubicación e identificación de los bienes para poder conformar los expedientes de baja”, explicó. “Liberamos bodegas que ahora pueden usarse para resguardar medicamentos o equipo nuevo que esté ingresando”.
El procedimiento incluyó la verificación física de cada bien: computadoras, mobiliario, televisores, impresoras y material médico obsoleto para garantizar su correspondencia con los registros del SICOIN y los libros de inventario. Una comisión de autorización, conformada por representantes administrativos, financieros y de auditoría interna, supervisó la destrucción total de los objetos.
Más que limpieza: una reconfiguración institucional
El comunicado oficial del ministerio de Salud, emitido el 27 de octubre de 2025, destacó que esta acción forma parte del esfuerzo por optimizar espacios y mejorar la calidad de atención en los establecimientos de salud. “Estas acciones fortalecen la infraestructura operativa, promueven la transparencia y contribuyen a que los servicios de salud se brinden en entornos adecuados para el personal y los usuarios”, señaló el documento publicado en las redes institucionales del Ministerio.
El doctor Lix subrayó que el impacto no se limita al orden físico. “Podemos liberar espacios para mejorar la comodidad del personal administrativo y asistencial. Además, la gente que asiste va a tener ambientes más amplios y funcionales”, señaló.
La liberación de bodegas representa una oportunidad concreta para reorganizar los espacios hospitalarios y modernizar los servicios. Muchos de los lugares que antes eran depósitos improvisados ahora se preparan para recibir nuevos equipos médicos, mobiliario moderno y medicamentos.
“Este proceso no es solo administrativo, también es humano”, dijo Marroquín. “Antes teníamos espacios llenos de objetos que acumulaban polvo y agua, generando plagas de zancudos o ratas. Ahora se espera áreas limpias, útiles y seguras”.
El destino del metal: economía o contaminación
Una de las preguntas más relevantes surgidas tras la implementación del Decreto 19-2024 es: ¿a dónde va la chatarra una vez destruida o retirada?
Según el reglamento, los bienes de consistencia ferrosa, como vehículos o estructuras metálicas, pueden ser puestos a la venta mediante subasta pública. Los fondos generados ingresan al Fondo Oficial Privativo de la Dirección de Área de Salud, con el objetivo de fortalecer los recursos del sistema.
“Los bienes ferrosos llevan un procedimiento diferente”, explicó Marroquín. “Se van a poner a disposición de venta; se recibirán oferentes y los fondos ingresarán a una cuenta oficial del Ministerio”.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de sus medios oficiales, indicó que la gestión de estos residuos debe cumplir con la normativa ambiental vigente, evitando que terminen en vertederos no controlados o se conviertan en focos de contaminación metálica.
De acuerdo con datos del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, los residuos metálicos mal gestionados pueden liberar componentes como plomo o cadmio, que contaminan el suelo y el agua.
Por ello, el destino de la chatarra es un punto crítico dentro del proceso: mientras una parte puede transformarse en ingreso estatal mediante reciclaje y subasta, otra requiere vigilancia para evitar impactos ecológicos.
El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) también ha señalado que el Estado debe establecer convenios con recicladoras certificadas, garantizando la trazabilidad de los metales y equipos electrónicos que salen de las instituciones públicas.
Un modelo que podría replicarse
La experiencia de Chimaltenango se considera un proyecto piloto dentro del MSPAS. Según el propio comunicado de la dirección departamental, el proceso continuará en las demás unidades ejecutoras del país.
“El éxito de todo esto está en no permitir que vuelva a acumularse la chatarra”, afirmó Marroquín. “Se debe hacer constante, evitar la acumulación en un volumen grande, porque sinceramente esta normativa nos viene a beneficiar mucho. Si todo va bien con el expediente, el proceso sale rápido”.
El reto, sin embargo, va más allá del cumplimiento normativo. Requiere seguimiento administrativo, logística interinstitucional y, sobre todo, educación interna para evitar que el ciclo de acumulación se repita en unos años.
La Comisión de Autorización para la Baja de Bienes Inservibles continuará monitoreando los registros en el sistema SICOIN, asegurando que los bienes destruidos sean eliminados también del inventario digital.
Impacto ambiental y social
Para organizaciones civiles como Fundaeco, este tipo de acciones estatales abren un nuevo capítulo en la relación entre infraestructura pública y sostenibilidad.
“El manejo responsable de los residuos metálicos institucionales es un paso hacia la gestión ambiental moderna del Estado”, explican. “Pero su éxito depende de que los materiales no terminen en basureros clandestinos o se vendan sin control ambiental”.
De acuerdo con el IARNA, el reciclaje formal de chatarra y electrónicos en Guatemala podría recuperar hasta un 80 % de los materiales reutilizables, reduciendo el volumen de desechos industriales que llegan a los vertederos. Sin embargo, actualmente solo un 15 % pasa por recicladoras certificadas; el resto se dispersa entre chatarreros informales, lo que convierte un acto de saneamiento en un potencial riesgo ecológico.
En ese sentido, expertos del Ministerio de Ambiente advierten que el seguimiento posterior será tan importante como el proceso inicial. El cumplimiento de la ley no termina con la destrucción de los bienes, sino con su disposición final verificable y segura.
Una segunda vida para los espacios y los materiales
Aunque el metal viejo se oxida, los espacios liberados se renuevan. En varias bodegas de Chimaltenango ya se están adecuando áreas para almacenar vacunas, medicamentos y equipo médico recién adquirido. Algunos de los objetos destruidos como estructuras metálicas o piezas de vehículos, podrían ser reciclados y devueltos al sistema en forma de materia prima útil.
El Dr. Lix lo resume con una visión a futuro: “Podemos liberar espacios para mejorar la comodidad del personal y la atención de la población. Además, estamos en proceso de adquirir equipo mobiliario nuevo, moderno, reciente, que va a ser de gran ayuda para la población guatemalteca”.
El ciclo del metal, de alguna forma, se cierra. Lo que fue chatarra se transforma en oportunidad: en espacio, en transparencia y, potencialmente, en recurso.
El desafío de no volver atrás
El éxito del proyecto en Chimaltenango depende ahora de su sostenibilidad. Mantener la limpieza física y administrativa de los inventarios será clave para evitar que las bodegas vuelvan a llenarse.
El Ministerio de Salud planea continuar con el proceso en otras regiones del país durante 2026, extendiendo el modelo a hospitales nacionales y direcciones departamentales.
La Ley para la Disposición de Bienes Muebles Inservibles sienta un precedente que podría replicarse en otras instituciones del Estado, desde el Ministerio de Educación hasta el de Gobernación, donde también existen bodegas repletas de material en desuso. Por ahora, los pasillos y bodegas de Chimaltenango son testimonio del cambio. Ahí donde antes había torres de escritorios rotos y computadoras cubiertas de polvo, hoy hay espacio, aire y silencio útil. Un silencio que no es abandono, sino punto de partida.
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